Valencia, 5 de Mayo – La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) reunirán el próximo 12 de mayo en Valencia a los principales partidos políticos, sindicatos, asociaciones de ciudadanos y expertos del sector para analizar la situación del mercado fotovoltaico en la Comunidad Valenciana y en el contexto de España. El encuentro contará, entre otros, con la presencia de D. José Monzonís, Secretario Autonómico de Industria y Energía de la Generalitat Valenciana.
La jornada, organizada con la colaboración de Alterna-Alter Enersun, Holtrop S.L.P. Transaction Business Law, Grupotec y Olleros Abogados; analizará el impacto de las últimas reformas del actual Gobierno de España en materia de renovables en la Comunidad Valenciana. Estas reformas han supuesto, durante el ejercicio de 2014, una merma estimada de ingresos de 60 millones de euros netos para los inversores fotovoltaicos valencianos.
Las jornadas profundizarán en la situación de la energía fotovoltaica y el autoconsumo en la Comunidad Valenciana, la aplicación de la normativa para su regularización en la Comunidad, el actual marco normativo a nivel nacional, la situación del mercado y los próximos avances en el sector fotovoltaico.
La Comunidad Valenciana cuenta con 349 MW fotovoltaicos instalados que supusieron en 2014 una producción de 525 MW/h. Esta producción de energía limpia fotovoltaica permitió evitar la emisión de 351 toneladas de CO2, que, en términos de coste de emisiones, supusieron un ahorro de 2,3 millones de euros.
La fotovoltaica española paralizada frente a la apuesta mundial
La industria fotovoltaica valenciana ha visto cómo la instalación de nueva capacidad conectada a la red eléctrica estatal se ha reducido drásticamente en los últimos años. Según los últimos datos disponibles de REE, en 2014 tan sólo se instalaron 0,15 MW de fotovoltaica en la Comunidad Valenciana. Esta tendencia se repite en toda España, donde en 2014 sólo se instalaron 7 MW de nueva capacidad conectada a red, que ascenderían al entorno de los 22MW considerando el total de instalaciones de autoconsumo.
La inseguridad jurídica generada por el Gobierno de España con los cambios normativos aprobados y anunciados son la causa de la artificial paralización de uno de los sectores tecnológicos que más se ha desarrollado en el mundo en 2014, año en el que se batió un nuevo récord de nueva potencia fotovoltaica, con la instalación de 40.000 nuevos MW a nivel global.
Los datos globales reflejan el contraste entre la apuesta internacional por el desarrollo de la energía fotovoltaica y la desaceleración registrada en España, donde el parque fotovoltaico nacional conectado a la red asciende a 4.651 MW, lo que supone un 4,2% del parque de generación eléctrico nacional. España ocupa el puesto decimoprimero de la UE en potencia fotovoltaica instalada por habitante con tan solo 0,1kW/hab.
Por su parte, los avances en I+D+i han permitido reducir los costes de la energía fotovoltaica un 85% desde 2007 y la previsión es que sigan descendiendo a un ritmo del 3% anual.
El desarrollo del autoconsumo en España
Los sindicatos UGT y CCOO, la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y de Grado de Valencia; profundizarán en el potencial del autoconsumo energético como vector de desarrollo económico local.
El autoconsumo fotovoltaico, rentable en España en la actualidad, ha sufrido una paralización en los últimos meses debido a la amenaza de un “impuesto al sol”.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el informe de 2014 recientemente publicado, ha solicitado a la Secretaría de Estado de Energía no incluir en la próxima normativa el “peaje de respaldo” por considerar que “no está justificada la imposición de restricciones a esta fuente de energía (…), por lo que debe permitirse a los ciudadanos la instalación de paneles fotovoltaicos como medida de ahorro energético, sin tener que pagar peaje por la energía producida y consumida en la propia instalación”. La Defensora del Pueblo se suma así a las críticas a este “impuesto al sol” realizadas por otros organismos reguladores como la CNE o la CNC y a los compromisos de eficiencia energética de la Comisión Europea.
