Más de medio centenar de empresas se dieron cita en la jornada organizada por AVAESEN para analizar y debatir sobre el Decreto 1/2022 del Consell publicado hace unas semanas que trata de agilizar la instalación de plantas de energías renovables en la Comunitat Valenciana.
Para aclarar las dudas de las empresas y la interpretación del decreto, el encuentro contó con la presencia de la Directora General de Industria, Energía y Minas, Empar Martínez, la Directora General de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, y el Director General de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer. Junto a ellos, el presidente de AVAESEN, Marcos J. Lacruz, quien introdujo y moderó la jornada.
El nuevo decreto plantea algunas novedades como el compromiso de resolver en 10 meses como máximo las solicitudes una vez hayan sido admitidas a trámite o la prioridad para las instalaciones de menos de 10 MW. En cuanto a los informes de las distintas consellerias, se marcan plazos para cada una, y la falta de emisión de los mismos en esos plazos se entenderá como favorable.
El asunto que más preocupa a las empresas de energía solar fotovoltaica en la Comunitat Valenciana es la limitación de suelo que establece el decreto. Fija un máximo de un 3% del suelo no urbanizable de cada municipio para instalar plantas de renovables, y dentro del mismo una distinción en función del tipo de suelo agrícola.
En este punto fue donde se centraron la resolución de la mayor parte de las dudas de las empresas, en el criterio de ocupación de espacio para cada planta, la tipología del suelo y el papel de los ayuntamientos a la hora de conceder permisos. Hay expedientes de plantas solares que superan ese 3% presentados de acuerdo a la legislación de 2019 y que ahora se tendrán que resolver con el nuevo decreto, que también plantea algunas excepciones.
En la jornada se plantearon diferentes problemáticas, individuales y comunes a varias empresas. Desde AVAESEN se mantiene una interlocución constante con las tres consellerias implicadas en la tramitación de las renovables, con canales de comunicación y trabajo abiertos para resolver problemáticas de los asociados.
Todo ello para lograr el objetivo común, que se puedan resolver los expedientes que hay en la Generalitat Valenciana en estos momentos para instalar los más de 10.000 MW de solar fotovoltaica solicitados, que supondrían en torno a 8.500 millones de euros de inversión.
